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La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual manifiesta su profunda indignación frente a un nuevo caso de abuso sexual infantil y manifiesta su gran preocupación por la falta de protección del Estado al no realizar la interrupción del embarazo producto de estos abusos sexuales.

Una niña de 11 años por su etapa evolutiva no tiene los elementos para decidir sobre su maternidad. No puede dimensionar el daño que ha provocado el abuso sexual en su desarrollo, no está en condiciones para evaluar el impacto emocional que una maternidad producto de la violencia
sexual puede acarrear para su vida y la de su bebe.

Dejar esta decisión en manos de esta niña es un acto de gran 
hipocresía, una irresponsabilidad del Estado y profundiza los daños ya generados por la violencia sexual.

La violencia sexual es una vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, produce daños enormes en la vida de ellos, puede llevar a consecuencias gravísimas e incapacitantes, es realmente una de las formas de violencia más extremas y terribles que una persona pueda vivir.

Muchos abusos sexuales se dan sin violencia física, sin resistencia de sus víctimas, sin un NO de sus víctimas. Los abusadores sexuales usan otras estrategias que funcionan mucho mejor que la violencia física o las amenazas. Los abusadores usan la seducción, la manipulación, usan su 
asimetría de poder, a veces usan sus recursos económicos y se aprovechan de las carencias y necesidades materiales, a veces usan el afecto y se aprovechan de las carencias y necesidades afectivas, a veces usan sus habilidades para manipular los sueños y las ilusiones de niñas y adolescentes (por ejemplo la ilusión del amor romántico, de formar una familia, de ser madres, de tener un futuro.).

Una sociedad que no puede proteger a una niña de una de las 
consecuencias más atroces de la violencia sexual (embarazo infantil ) y se ampara en los argumentos de: \"ella desea tenerlo\",\" ella quiere formar una familia\", ha retrocedido 20 años en materia de defensa de los derechos humanos.

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, sus opiniones deben ser tomadas en cuenta, deben ser escuchadas y valoradas. Las niñas, niños y adolescentes deben ser debidamente informados y deben participar en los asuntos que les conciernen. Asistirlos en sus decisiones, protegerlos tomando decisiones por ellos cuando no estén en condiciones psíquicas, emocionales o no puedan hacerlo por su etapa evolutiva por alguna situación de discapacidad, es responsabilidad del mundo adulto. El interés superior del niño debe orientar nuestras prácticas en todo momento.

Un embarazo infantil producto de una relación violenta constituye un daño profundo de consecuencias nefastas para el desarrollo y la vida de la niña y del bebe que viene en camino.

Desde la Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual 
consideramos que en todos los casos donde ocurra un embarazo en la etapa de la infancia producto de cualquier forma de violencia sexual debe ser interrumpido como forma de restituir los derechos vulnerados de la niña violentada sexualmente.

A partir de una propuesta de la sociedad civil, a fines del año pasado la Intendencia de Montevideo aprobó la creación del Consejo para la Igualdad de Género. El mismo es presidido por la Secretaría de la Mujer y tendrá un representante por cada partido político, ocho representantes de las organizaciones feministas y de mujeres, dos representantes de organizaciones de la diversidad sexual, cuatro representantes de las Comunas Mujer, cuatro concejalas municipales, un representante del departamento de Género y Diversidad del PIT-CNT, la presidenta de la Comisión de Género de la Junta Departamental, una representante de la Red Temática de Género de la UdelaR, dos representantes de la Comisión de Equidad y Género y dos representantes de la Secretaria de la Mujer de la Intendencia de Montevideo.

Según la resolución de la comuna capitalina, el Consejo tendrá diversos cometidos, entre los que se destacan:

• Ser un espacio de participación, diálogo, monitoreo y articulación de las diferentes expresiones sociales y políticas del Departamento con miras a consolidar políticas de igualdad de género de Montevideo.

• Nutrir la política departamental con las prioridades de la agenda de la sociedad civil en materia de igualdad de género y a su vez aportar información referente al grado de avance de las políticas departamentales de género a la sociedad civil, para que esta pueda ejercer su rol de veeduría social. • Participar en la elaboración del Plan anual de trabajo del gobierno departamental en el marco de los lineamientos del tercer Plan y subsiguientes y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución.